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El Ejecutivo estatal mexicano prepara una reforma de la Ley de Juegos y Sorteos. La normativa contendrá sanciones más duras y se creará una comisión nacional.
Más de medio siglo posterior su creación, en 1947, el establecimiento de México ha tomado la decisión de reformar la Ley de Juegos y Sorteos. El articulado de la última normativa contendrá sanciones más duras y está prevista la creación de una comisión nacional que controle y gestione los distintos avatares del sector del juego en el país azteca.
La idea, que en un principio partió de la Secretaría de Gobernación (Segob), es compartida por la Comisión Especial de Casinos y los distintos legisladores que, desde hace tiempo, están trabajando en la redacción del nuevo texto.
No son demasiados los datos que, por el momento, se tienen acerca de las principales atribuciones que tendrá esta comisión. Si se sabe, sin embargo, que una de sus misiones más importantes será combatir la ludopatía y que el mayor representante de su consejo consultivo será el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La discrecionalidad a la hora de asignar licencias de apertura a los casinos es otro de los aspectos clave de la última ley. Tratará también el asunto de las distintas certificaciones que deberá tener el personal que trabaje en los establecimientos de juego del país y dejará muy claro que los instrumentos utilizados para realizar apuestas sólo serán válidos una vez hayan recibido el visto bueno de la comisión.
Osorio Chong, junto con los distintos diputados federales, es el que está llevando la voz cantante en las reuniones que ha habido para ir pergeñando la regulación.
México, al igual que otros países de América Latina como Argentina o Uruguay, está viviendo de lleno el desarrollo y expansión del juego tanto presencial como online. Se precisan, a tenor de las cifras, nuevas regulaciones que eviten convertir el sector en un terreno allanado para las actividades fraudulentas.
Las ingentes cantidades que, en muchos casos, se mueven en torno a las tragaperras, el bingo, los dados o el blackjack apremian a los distintos ejecutivos (y no sólo sudamericanos) a revisar sus legislaciones al respecto. La gran mayoría así lo está haciendo.
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